Es muy común en muchas comunidades de propietarios ver cómo, en el camino hacia casa, algunos vecinos han depositado diversos enseres en su plaza de garaje. Entre los objetos más habituales se encuentran baterías descargadas, botellas de aceite de motor o neumáticos colocados a modo de protección para no dañar el paragolpes del coche. Sin embargo, en otras ocasiones, los garajes pueden parecer más un mercadillo, con una variedad de objetos que no parecen tener cabida en un espacio diseñado para el estacionamiento de vehículos.

La duda principal surge en torno a las plazas de garaje individuales. En los garajes cerrados, generalmente no hay problema en almacenar pertenencias como si fuera un trastero, ya que se considera un espacio privado. Sin embargo, ¿qué dice la normativa vigente respecto a lo que se puede o no almacenar en una plaza de garaje?

Dentro de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), aunque se redacta principalmente pensando en viviendas y locales, los derechos y obligaciones también se extienden a otros inmuebles, como las plazas de garaje. El artículo 3.a) establece que «corresponde a cada piso o local el derecho singular y exclusivo de propiedad sobre un espacio suficientemente delimitado y susceptible de aprovechamiento independiente». Por otro lado, el artículo 7.2 dispone que «al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas».

En principio, si los enseres se colocan dentro del espacio delimitado para la plaza de garaje, los estatutos de la comunidad no prohíben su almacenamiento y no son elementos peligrosos, no habría impedimentos para almacenarlos. Sin embargo, más allá de esto, las plazas de garaje están sujetas a normativa urbanística, ya que se trata de un espacio destinado exclusivamente al tránsito y estacionamiento de vehículos. Por esta razón, las instalaciones deben cumplir con normativas específicas, como la obligación de contar con bocas de incendio, extintores, iluminación de emergencia, y otras medidas de seguridad.

Por tanto, colocar objetos en una plaza de garaje no está prohibido a menos que lo indiquen expresamente los estatutos de la comunidad o la ley por las características específicas de esos objetos (por ejemplo, si son peligrosos o tóxicos, como una batería de automóvil cuyo ácido podría causar abrasiones si está al alcance de un niño).

Algunos propietarios también aprovechan las paredes y columnas para instalar baldas o incluso colocar armarios. Curiosamente, este último caso sería menos «ilegal», siempre que el armario no esté fijado, no obstaculice la maniobrabilidad ni interfiera con el uso de las plazas adyacentes. Sin embargo, la instalación de baldas o la fijación de elementos a las paredes o columnas requeriría un acuerdo de 3/5 partes de los propietarios y coeficientes, ya que implicaría una alteración de los elementos comunes.

Independientemente de que algunos tribunales puedan permitir el almacenamiento de ciertos enseres en las plazas de garaje, es importante considerar la responsabilidad en la que podría incurrir el propietario por daños que se ocasionen, especialmente en caso de incendio. Los vehículos a motor tienen depósitos de combustible inflamable, y los objetos almacenados podrían actuar como elementos propagadores del fuego, aumentando la responsabilidad del propietario.

Por este motivo, se recomienda consultar tanto el seguro de la comunidad de propietarios como el del hogar, para clarificar qué riesgos están cubiertos y tomar medidas adicionales si es necesario.

En resumen, aunque los juzgados y tribunales pueden ser más permisivos en cuanto al almacenamiento de ciertos objetos en las plazas de garaje, no se deben perder de vista las disposiciones urbanísticas que están diseñadas para el tránsito de vehículos y no para el almacenamiento de objetos. Además, es esencial tener en cuenta las coberturas de los seguros y la posibilidad de que la comunidad adopte acuerdos para limitar los riesgos asociados.